LA POLITICA DE CULTURA DE LA LEGALIDAD EN PEREIRA: HACIA UNA ETICA PÚBLICA Y CIUDADANA

 

El 5 de julio de 2019 la Administración Municipal en cabeza de Juan Pablo Gallo Maya, y su Secretaria de Gobierno, Adriana Vallejo de la Pava, firmaron el decreto de ajuste de la Política Publica de Cultura de la Legalidad, el cual hace énfasis en la presencia de una ética de comportamientos y valores que rescate la credibilidad y el sentido del bien común en todas las acciones de la entidad y la ciudadanía.

La ética pública es la disciplina que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de los ciudadan@s que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en ella al inculcarles valores de servicio público.

 Los valores en la administración pública son fundamentales porque forman parte de la cultura organizativa, la cual es necesaria para la conducta del personal al ayudarle a crecer y a desarrollarse en armonía. Los valores éticos están presentes en cada actuación laboral y orientan el comportamiento. La administración pública y la ciudadanía son responsable de los servicios que ofrecen: salud, educación, vivienda, transporte, asistencia social, cultura, seguridad y convivencia pública, parques y jardines, turismo, recolección de basura, etc. para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes principios de continuidad, suficiencia, rapidez, seguridad, economía, calidad, innovación, eficiencia, con el objeto de hacer de los servicios públicos «instrumentos satisfactores de la sociedad».

Un buen desempeño en la prestación del servicio público, con calidad y eficiencia, ayudará a recuperar la credibilidad y el reconocimiento perdidos por parte de la ciudadanía. Cada servicio público es llevado a cabo a través del servidor público en corresponsabilidad con el ciudadan@, elemento humano fundamental para el buen manejo y funcionamiento de las instituciones. El personal que labora en ellas facilita el normal desempeño de la institución al integrarse y desarrollarse en ella, en beneficio de la administración gubernamental.

Cualquier gobernado puede reclamar o denunciar la conducta indebida por parte del servidor público el cual deberá atenerse a la sanción correspondiente que determine la Constitución o las respectivas leyes. Ahora bien, las diferentes demandas sociales requieren promover un cambio de actitud por parte de los servidores públicos y la ciudadanía que implique nuevas estrategias en las políticas públicas que tengan que ver con las necesidades y exigencias de la sociedad en general. No hay una ley que obligue al servidor público y a la ciudadanía a actuar de un modo éticamente correcto. El principio reconocido universalmente de que hay que hacer el bien y evitar el mal, nos enfrenta a una obligación la cual es incondicional.

Todo Estado debe preocuparse por orientar y vigilar el comportamiento de los miembros que lo integran, es decir, gobernantes y gobernados, educando a la ciudadanía, ordenándola, organizándola, conservando su cultura, su identidad y su libertad. Las personas que trabajan en el servicio público, al actuar de un modo éticamente correcto, van a ser más eficaces y eficientes en sus tareas, lo que se verá reflejado en la confianza y credibilidad de la ciudadanía a la que sirven.

Mediante la ética pública se busca lograr un cambio de actitud en los servidores públicos y en la ciudadanía a fin de forjar en ellos una conducta integral, con sentido de responsabilidad, lealtad a la entidad y la ciudad para la que trabajan y compromiso con los objetivos de la misma. Prestar un servicio implica dos requisitos: compromiso con el trabajo y respeto por la persona a quien se sirve. Si el servicio se dirige a una comunidad, el compromiso es aún mayor y lo es más si es público y si proviene del Estado. Esa es la razón por la que a las personas que trabajan en la administración pública se las llama «servidores públicos», cuya función es la de ayudar a resolver conflictos comunes y a satisfacer las necesidades de la comunidad pensando en el logro de un bien común. Asumir un cargo público implica tener vocación y compromiso por los asuntos colectivos, así como responsabilidad para con la comunidad.

Por ello, es importante que el servidor público y la ciudadanía cuenten con personalidad autónoma y principios sólidos que le impidan realizar actos indebidos o ceder a propuestas reprobables. Todo servidor público o ciudadano que cuente con valores éticos deberá ser una persona capaz de rescatar el sentir de la comunidad, así como de tomar en cuenta las reacciones de la opinión pública, los prejuicios, las tradiciones, las idiosincrasias, los regionalismos, etcétera, de los gobernados. En la actualidad existe una gran pérdida de valores que se ve reflejada en la administración pública, en el desprestigio de los servidores públicos y en las prácticas corruptas que en ella se producen, lo cual trae consigo una falta de credibilidad en el gobierno y una sensación de traición hacia la comunidad. El ciudadano tiene responsabilidades.

En lo que respecta al ámbito público, cada gobierno actúa de acuerdo con unos principios determinados, los cuales se establecen según sea la naturaleza de cada pueblo, su historia, cultura y tradiciones. Hay principios que mueven a obrar realizando el bien y otros el mal. La inclusión de la ética en los programas de formación y estudio de los funcionarios y contratistas es una muestra de sensibilidad social que pone el acento en un vivo espíritu solidario y en el valor de la dignidad humana. Al mismo tiempo, impide la desnaturalización del servicio público, motiva a la función pública y sostiene la idea de que el trabajo administrativo siempre ha de ser realizado teniendo presente los intereses colectivos.

Al observar las actitudes de los servidores públicos y contratistas, y la ciudadanía hay que recordarles que “están para servir y no para servirse de la comunidad. Por lo tanto, la ética es un factor clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos”.