HABLEMOS

 

Desde 1998, en nueve países de América Latina se han elegido gobiernos de tendencia de izquierda. Este giro político sin precedentes ha ubicado a casi dos tercios de la población latinoamericana bajo algún tipo de régimen de izquierda y ha hecho trizas el llamado «Consenso de Washington». Sin embargo, el nuevo tipo de régimen resulta incierto y es fuente de disputas políticas. Algunos analistas creen que es poco lo que ha cambiado y suponen que las fuerzas del mercado global estrecharán el abanico de opciones políticas en las elecciones futuras para cargos de voto popular y disciplinarán a los gobernantes para que no se aparten demasiado de las reglas liberales.

Con mayor pesimismo, otros advierten sobre el peligro del populismo demagógico y sus correlatos políticos tradicionales: el nacionalismo, el estatismo y el autoritarismo. Aun así, hay quienes plantean la posibilidad de que, luego de la reestructuración neoliberal, surja una variante latinoamericana de social democracia, la social democracia de centro agonista, una alternativa que combina la democracia representativa con una economía de mercado e iniciativas del Estado para reducir las desigualdades y promover la ciudadanía social.

La socialdemocracia de centro agonista incluye el respeto de la democracia liberal por los derechos y las libertades individuales, junto con su compromiso con las elecciones competitivas en tanto conjunto de reglas y procedimientos institucionales para manejar el pluralismo político. Pero suma a ello una preocupación pertinaz por la desigualdad social y económica, una disposición a utilizar la autoridad pública para enfrentar estos problemas y un compromiso con formas de ciudadanía social que amplían los derechos políticos de la democracia liberal. La socialdemocracia de centro agonista, persigue objetivos igualitarios por medio de la competencia democrática y no a través de una conquista revolucionaria del poder estatal. Se propone reformar el capitalismo antes que abolirlo. En otras palabras, no busca eliminar el capital privado o el mercado, sino hacerlos responsables, mediante formas de control colectivo y reformas impositivas, de las necesidades sociales más amplias.

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